Esterilizaciones forzadas en Perú - 1990-2000
Alrededor de 20 casos de abuso de esterilización están actualmente bajo investigación en el sistema judicial y la Defensoría del Pueblo ha tenido 35 casos (a principios de abril).
Hay al menos cuatro investigaciones oficiales en curso, incluyendo una por un comité del Congreso de los Estados Unidos para determinar si el dinero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) fue utilizado involuntariamente en la campaña de esterilización. Debido a que algunos programas de alimentos patrocinada por los Estados Unidos son operados desde el mismo gobierno peruano que administran la planificación familiar en las zonas rurales, algunos de los alimentos posiblemente hayan sido utilizado para sobornar a las mujeres a someterse a la esterilización.
El gobierno de Perú, un país latinoamericano con una población de 24 millones ( según el censo antes del 2000), más de la mitad de cual son mujeres, está siendo imputado por varios casos de esterilización forzada desde 1995, cuando el procedimiento fue legalizado. Durante 1997, el Ministerio de la salud peruano registró a 100,000 mujeres para el procedimiento de esterilización y 10,000 hombres para la vasectomía. Ahora parece que algunas mujeres han muerto después de someterse a la ligadura de trompas, que muchos han sufrido complicaciones y varios han declarado que ellos habían sido sobornados, coaccionados y mal informados. ¿Qué salió mal?.
En 1995, justo antes de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, se aprobó una ley que autoriza la esterilización como un método de planificación familiar. Muchos pensaron que era muy valiente del presidente Alberto Fujimori (en el poder desde 1990) tomara a la poderosa Iglesia Católica Romana. En ese momento, la ley fue aplaudida por las mujeres como un paso hacia adelante, como una herramienta que les permitió decidir sobre su propio cuerpo. Las organizaciones de mujeres colaboraron con el Ministerio de Salud en la creación de centros de salud y servicios de planificación familiar. Ahora los críticos afirman que el ministerio ha estado librando una campaña de esterilización masiva en la que las mujeres, y en particular las mujeres pobres e indígenas, han sido presionados y sobornados o engañados para que acepten la cirugía de ligadura de trompas. La evidencia creciente sugiere que la ley de esterilización ha sido arbitrariamente aplicada para reducir la tasa de natalidad como una manera de combatir la pobreza,más que como una expresión de los derechos reproductivos de las mujeres.
Los métodos del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar son cuestionables. Se alienta a "las campañas de esterilización" y "ferias de la esterilización", donde las mujeres son "capturados" a ser esterilizados. Los médicos se ven obligados a cumplir con una cuota mínima de la ligadura de trompas por mes. Los trabajadores de salud están capacitados para captar mayor número de mujeres para la esterilización haciendo todo lo posible. Por cada mujer esterilizada ellos reciben alrededor de 5 y 11 dolares y si no pueden llegar al número mínimo de mujeres, es probable que lo despidan del "trabajo". El establecimiento de objetivos muy fácilmente alienta prácticas coercitivas. Pilar (nombre ficticio), un trabajador de salud en Piura (norte del Perú) dice: "Las mujeres casi nunca son informados sobre las alternativas a la ligadura de trompas, ni se les da toda la información sobre sus implicaciones. En la mayoría de los casos no se les dice que las ligaduras son por lo general definitiva e irreversible. Y muchas de las mujeres son muy jóvenes, algunos de tan sólo 20".
Las circunstancias en que tales operaciones se llevan a cabo son terribles. A veces un médico puede operar hasta 20 mujeres por día. Los accidentes y las negligencias son frecuentes. Las mujeres tienen periodos cortos de recuperación, a veces ni siquiera cuatro horas. No hay supervisión, ni hay seguimiento. Cuando se enfrentan a complicaciones después de la operación, muchas mujeres no buscan a un médico, aunque el servicio de planificación familiar es libre, cualquier atención de seguimiento tiene que ser pagado y las mujeres no tienen el dinero para pagar por ello. (Es interesante señalar que mientras el servicio de planificación familiar es libre, las mujeres tienen que pagar cuando dan a luz en el hospital.)
Como hemos dicho, la mayoría de las mujeres destinatarias son las mujeres pobres de zonas rurales y las mujeres indígenas. Ellos son los que tienen poca educación y sin acceso a servicios de salud adecuados. En el Perú, son ellos los que experimentan la mayoría de la discriminación. El racismo profundamente arraigados en la sociedad peruana entra en juego aquí. Muchos de los trabajadores de la salud no respetan a la gente pobre indígena y, por tanto, no se preocupan por su salud. Muchas mujeres indígenas han declarado que se sienten perseguidos y amenazados por los trabajadores de la salud.
El número promedio de hijos por mujer en el Perú es de 3,5 comparado con 3,1 para América Latina en general y 2 para los EE.UU. La tasa es de 6,2 hijos para las mujeres peruanas que tienen poca o ninguna educación, y 7,1 hijos para los que viven en las zonas rurales. Eso se compara con una tasa de 1,7 hijos para las mujeres que tienen al menos un título universitario y 2,8 para los residentes urbanos de todos los niveles educativos. Es obvio que cualquier programa de planificación familiar en el Perú de hoy tiene que conectar el debate sobre la reducción de la tasa de natalidad con la discusión de estas cuestiones sobre la desigualdad social y política, el acceso a la educación y la distribución desigual de los ingresos.
La prueba para reducir el crecimiento de la población plantea una cuestión importante. El año pasado las organizaciones internacionales aplaudió la reducción de la tasa de crecimiento de la población peruana de 3,2% a 1,17% anual. Perú está cumpliendo con el objetivo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), las directrices, que sostienen que la población de un país debe ser proporcional a la capacidad de su territorio para generar alimentos suficientes. Debido a los informes favorables de la UNFPA y el Banco Mundial, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Pandolfi, anunció el año pasado que la meta de 130 mil esterilizaciones al año, fijados para 1997 se establecería de nuevo para 1998.
El cumplimiento riguroso de las normas internacionales y los objetivos deben ser cuidadosamente interrogados, si esto conduce a los abusos de leyes que supuestamente proporcionan para empoderar a las mujeres. Las mujeres tienen el derecho de decidir de manera libre e informada sobre su salud reproductiva como fue declarado en la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas en Beijing 1995. La publicación no es la abolición de la ley de esterilización, tantos muchos opositores podrían señalar apresuradamente, pero una revisión de cómo se aplica la ley.
Alrededor de 20 casos de abuso de esterilización están actualmente bajo investigación en el sistema judicial y la Defensoría del Pueblo ha tenido 35 casos (a principios de abril). Hay al menos cuatro investigaciones oficiales en curso, incluyendo una por un comité del Congreso de los Estados Unidos para determinar si el dinero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) fue utilizado involuntariamente en la campaña de esterilización. Debido a que algunos programas de alimentos patrocinada por los Estados Unidos son operados desde el mismo gobierno peruano que administran la planificación familiar en las zonas rurales, algunos de los alimentos posiblemente hayan sido utilizado para sobornar a las mujeres a someterse a la esterilización.
Flora Tristán, una de las mayores organizaciones feministas en el Perú, está llevando a cabo un estudio para documentar casos de abuso y determinar el número de mujeres afectadas.
Hasta ahora, las explicaciones o declaraciones hechas por el gobierno peruano no ha revelado mucho. Porque no hay ni evidencia ni prueba alguna de las directivas de fijación de objetivos y cuotas, nadie está asumiendo la responsabilidad. El Ministro de Salud, el Sr. Costa Bauer, ha anunciado una investigación sobre el tema, pero teniendo en cuenta cómo otros escándalos en el Perú se manejan, poco se puede esperar. El gobierno tiene que responder con claridad a las acusaciones y asumir la responsabilidad de llevar los casos de negligencia y el abuso a la justicia.
Mientras que una investigación sobre los informes acerca de la esterilización forzada se requiere con urgencia, también es muy importante para ejercer presión sobre el gobierno peruano, y particularmente en el Ministerio de Salud, para garantizar que el programa de planificación familiar debe ser revisado minuciosamente. Tiene que ser reformada de tal manera que no sólo garantiza el derecho a la información y la atención médica adecuada, sino que también proporciona la formación adecuada, con una perspectiva étnica y de género para los trabajadores de la salud. Una campaña de sensibilización dirigida a un público más amplio debe llevar el mensaje de que los servicios de planificación familiar no son más que una política de gobierno sino un derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Tener acceso a servicios de salud reproductiva y la información adecuada es un derecho fundamental para las mujeres en todas partes[1].
Alrededor de 20 casos de abuso de esterilización están actualmente bajo investigación en el sistema judicial y la Defensoría del Pueblo ha tenido 35 casos (a principios de abril). Hay al menos cuatro investigaciones oficiales en curso, incluyendo una por un comité del Congreso de los Estados Unidos para determinar si el dinero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) fue utilizado involuntariamente en la campaña de esterilización. Debido a que algunos programas de alimentos patrocinada por los Estados Unidos son operados desde el mismo gobierno peruano que administran la planificación familiar en las zonas rurales, algunos de los alimentos posiblemente hayan sido utilizado para sobornar a las mujeres a someterse a la esterilización.
Flora Tristán, una de las mayores organizaciones feministas en el Perú, está llevando a cabo un estudio para documentar casos de abuso y determinar el número de mujeres afectadas.
Hasta ahora, las explicaciones o declaraciones hechas por el gobierno peruano no ha revelado mucho. Porque no hay ni evidencia ni prueba alguna de las directivas de fijación de objetivos y cuotas, nadie está asumiendo la responsabilidad. El Ministro de Salud, el Sr. Costa Bauer, ha anunciado una investigación sobre el tema, pero teniendo en cuenta cómo otros escándalos en el Perú se manejan, poco se puede esperar. El gobierno tiene que responder con claridad a las acusaciones y asumir la responsabilidad de llevar los casos de negligencia y el abuso a la justicia.
Mientras que una investigación sobre los informes acerca de la esterilización forzada se requiere con urgencia, también es muy importante para ejercer presión sobre el gobierno peruano, y particularmente en el Ministerio de Salud, para garantizar que el programa de planificación familiar debe ser revisado minuciosamente. Tiene que ser reformada de tal manera que no sólo garantiza el derecho a la información y la atención médica adecuada, sino que también proporciona la formación adecuada, con una perspectiva étnica y de género para los trabajadores de la salud. Una campaña de sensibilización dirigida a un público más amplio debe llevar el mensaje de que los servicios de planificación familiar no son más que una política de gobierno sino un derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Tener acceso a servicios de salud reproductiva y la información adecuada es un derecho fundamental para las mujeres en todas partes[1].
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